Autores: Marco Polo/ María José Núñez Hernández.
En México hay 4 Organismos de supervisión fundamentales que guían la política para la prevención y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Servicio Administración Tributaria, (SAT), y en menor medida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
Sobre el punto anterior, en la última evaluación a México el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, resaltó la “buena comprensión” que los supervisores financieros tienen con respecto a los riesgos de lavado a los que se enfrentan dentro de sus sectores. En cuanto al tema correspondiente al SAT, que es el encargado de las actividades vulnerables, se apuntó que todavía la comprensión en dicho tema está más limitada, sin embargo, para la institución es prioridad el conocimiento y evaluación de riesgos del lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo.
“Los supervisores del sector financiero tienen una buena comprensión de los riesgos de LA (lavado de activos) dentro de los cuales desarrollarón modelos sólidos que les permiten diferenciar los riesgos entre las instituciones”, así, explicó GAFI y agregó que esta comprensión en el tema de financiamiento al terrorismo se encuentra aún en proceso de desarrollo, pues se trabaja para la mejora de este rubro.
GAFI resaltó que, los supervisores del sector financiero han desarrollado un enfoque basado en el riesgo razonable para enmarcar su programa anual de inspecciones in situ y sus procedimientos son enfocados cada vez más a ese riesgo. En contraparte, GAFI apuntó que el SAT ha llevado a cabo muy pocas inspecciones en relación con la cantidad de entidades bajo su supervisión.
“Al momento de la evaluación, el SAT tenía serios problemas de falta de recursos para el alcance del trabajo que debe realizar. En total, tenía 16 funcionarios responsables tanto del análisis como de la inspección in situ de aproximadamente 64,000 entidades comerciales y profesionales actualmente en registro”, explicó GAFI y como resultado de esto, agregó dicho grupo desde el 2014 solamente se pudo inspeccionar a menos de 0.2% de las entidades de las cuales es responsable ese Organismo.
“Las grandes limitaciones de la capacidad del SAT para realizar inspecciones representa una preocupación material por dos razones principales; primero, es responsable de la fiscalización de dos de las actividades identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgos como particularmente de alto riesgo de lavado de dinero (transferencia de bienes inmuebles y constitución de personas jurídicas)”, apuntó el GAFI en su informe."Y segundo, es el supervisor de los notarios, quienes son los proveedores de servicios de fe pública principales para todas las operaciones relacionadas con estos dos temas de alto riesgo”
Dicho lo anterior, se dio a conocer que también se implementan programas de revisión a asociaciones civiles con la finalidad de que estos no sean utilizados indebidamente por organizaciones criminales, esperando que esto fortalezca la confianza para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Asimismo, GAFI acotó entre otros aspectos, que un incremento esencial en los recursos del SAT también podría complementarse con el requisito para las actividades vulnerables de presentar reportes de auditorías de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo realizados por auditores externos o internos.
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