Autores: Marco Polo/ Omar Almaraz Hernández.
El pasado 3 de enero, GAFI liberó el informe de evaluación mutua, dónde el organismo analizó el nivel de cumplimiento del país con sus 40 recomendaciones emitidas. Dicho reporte se deriva de la visita que realizó un equipo de evaluación, encabezado por funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), del 28 de febrero al 13 de marzo del 2017.
“Es una fotografía clara, no podría utilizar un calificativo sobre si nos fue muy bien o muy mal”, así se expresó un funcionario de alto rango del sector financiero cuando fue cuestionado sobre la evaluación mutua que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo hizo a México.
Parte de los hallazgos principales de dicha evaluación es que el país tiene un régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo maduro, con un marco legal e institucional consecuentemente bien desarrollado. “Hubo una mejora significativa en algunas áreas del régimen antilavado comparado con el que existía cuando el país fue evaluado por última vez en el año 2008”, detalla GAFI en el reporte.
Una de las deficiencias que existen para investigar el lavado de dinero en México; por ejemplo, este delito no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, es decir, caso por caso.
“En vista de las serias amenazas que representan los principales delitos determinantes (por ejemplo, la delincuencia organizada o el tráfico de drogas), las autoridades competentes parecen otorgar mucha más prioridad a la investigación de dichos delitos que al lavado de dinero”, apuntó GAFI.
México entiende la importancia que tienen, en este sentido, la impartición de medidas cautelares en forma apropiada y oportuna, así como el uso de la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con la finalidad de que la cantidad de acciones penales y condenas por lavado de dinero aumenten y tengan efecto positivo en la forma en cómo se investigan los casos relacionados con este ilícito.
ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO
GAFI resaltó el trabajo de las autoridades mexicanas para la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos en el 2016, misma que sirvió para la adopción de varias acciones de alto nivel para mitigar los riesgos identificados en dicho documento. El organismo apuntó que dichas acciones, aunque dieron resultados concretos, no fueron lo suficientemente integrales ni prioritarias, como para que el gobierno federal asignará los recursos adecuados a la lucha de este ilícito.
GAFI resaltó que se trabaja en la elaboración de una estrategia nacional antilavado de dinero, con base en las conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgos, pero el éxito de las medidas que deriven de ella dependerá de su correcta implementación por las autoridades mexicanas. Igualmente, indicó que los supervisores del sector financiero tienen una buena comprensión de los riesgos dentro de los sectores por los cuales son responsables y han implementado enfoques basados en el riesgo razonables para la supervisión de antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo.
Otro de los resultados que arrojó dicha evaluación es que México cuenta con un marco legal e institucional vigente y sólido para solicitar y otorgar asistencia legal mutua y de extradición, además de que se usan otras formas de cooperación internacional para intercambiar información con otros países.
“Resulta claro que el uso de otras formas de cooperación es efectiva, fluida y que produjo resultados tangibles con Estados Unidos”, detalló GAFI.
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