Autores: Marco Polo/ Cinthia Falcón Hernández.
Con base a las conclusiones sobre el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, es un hecho que, respecto a las 40 recomendaciones de este Organismo, México cuenta con un nivel de cumplimiento alto, al tener bajo su lupa cada una de las recomendaciones.
Para el caso específico del numeral 23, relacionado a las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), mejor conocidas en México como actividades vulnerables, en conjunto con las entidades financieras han manifestado el compromiso para fortalecer este rubro.
La recomendación de GAFI está enfocada en la exigencia para que los abogados, notarios y otros profesionales jurídicos reporten operaciones sospechosas como, por ejemplo, la compra y venta de bienes inmuebles, administración de recursos y valores, entre otras.
El Organismo señala que: “Las deficiencias más importantes son el umbral monetario para reportar sospechas, la falta de obligación de reportar operaciones que están relacionadas con el Financiamiento al Terrorismo y la ausencia de requisitos respecto a países de alto riesgo”, explica GAFI en la evaluación sobre la recomendación 23.
Según criterios de GAFI, las actividades vulnerables deben presentar los reportes correspondientes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en aquellos casos que identifiquen indicios de operaciones sospechosas; sin embargo, aunque este criterio ha ido ascendiendo significativamente en los últimos años, el Organismo Internacional revela que existe aún un área de oportunidad, pues se debe trabajar en dos factores importantes: el umbral monetario y la obligación regulatoria para reportar operaciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo.
Para cumplir con lo establecido en la recomendación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió una serie de medidas que auxilian a profesionistas pertenecientes al sector vulnerable, todo ello para garantizar el cumplimiento de los requerimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del país de origen, cuando se trate de operaciones realizadas con países clasificados como de alto riesgo. Dichas guías están siendo adoptadas favorablemente y muestran resultados significativos en el gremio, sin embargo, GAFI considera que aún falta un porcentaje para poder cumplir al cien por ciento con los requisitos para las actividades vulnerables respecto de sus relaciones con los países de alto riesgo.
En la evaluación 2008 de GAFI a México, el país recibió la calificación de “no cumplido” en el rubro de actividades vulnerables (que inicialmente se contemplaba en la recomendación 16), ya que, dichas actividades no estaban sometidas al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En esta ocasión, GAFI otorgó una calificación igual debido a que dos criterios de esta recomendación no están cumplidos (reporte de operaciones y medidas con países de alto riesgos), uno parcialmente está cumplido (la debida diligencia del cliente) y otro recientemente cumplido (reporte de operaciones sospechosas); en ambos casos las autoridades y los sujetos obligados están enterados del compromiso para trabajar en la optimización de las regulaciones correspondientes al tema.
¿Y LAS OTRAS?
De las 39 recomendaciones restantes de GAFI, México cumple en todas; sin embargo, todas tienen un grado de cumplimiento mayor o menor, de acuerdo con las recomendaciones del Organismo.
En cinco de ellas, México cumple al máximo: La tipificación del lavado de dinero (Recomendación 3); las sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y financiamiento al terrorismo (Recomendación 6); sanciones dirigidas a la proliferación de armas de destrucción masiva (Recomendación 7); leyes sobre el secreto de las instituciones financieras (Recomendación 9), así como, en la relativa a las unidades de inteligencia financiera (Recomendación 29).
Asimismo, en 19 recomendaciones, México tiene un cumplimiento parcial alto, entre las que destacan las relacionadas a la aplicación del enfoque basado en el riesgo (Recomendación 1); la cooperación y coordinación nacional (Recomendación 2); el decomiso y medidas provisionales (Recomendación 4); la banca corresponsal (Recomendación 13); la regulación y supervisión de instituciones financieras (Recomendación 26); las responsabilidades de orden público e investigativas (Recomendación 30), entre otras.
En 15 recomendaciones, GAFI destaca el cumplimiento fragmentario que México tiene, por ejemplo, en la vigilancia a las organizaciones sin fines de lucro (Recomendación 8); la debida diligencia del cliente (Recomendación 10); en las personas políticamente expuestas (Recomendación 12); las nuevas tecnologías (Recomendación 15); transferencias electrónicas (Recomendación 16); reportes de operaciones sospechosas (Recomendación 20), entre otras.
Respecto a las calificaciones de efectividad, México obtuvo un nivel sustancial en la comprensión de riesgos de lavado de dinero, la política enfocada a prevenir y combatir este ilícito y la coordinación que hay entre autoridades para ello (Resultado Inmediato 1); la cooperación internacional (Resultado Inmediato 2); medidas preventivas y sanciones financieras (Resultado Inmediato 10) por la proliferación de armas.
Además, en cuatro de las recomendaciones mencionadas, obtuvo una calificación de un nivel moderado a saber: Supervisión (RI.3); personas y estructuras jurídicas (RI.5); inteligencia financiera (RI.6) e investigación y procesamiento del financiamiento al terrorismo (RI.9).
Finalmente, en tres rubros se obtuvo un nivel bajo de cumplimiento: Medidas preventivas (Resultado Inmediato 4); investigación y procesamiento de lavado de activos (Resultado Inmediato 7) y en el decomiso (Resultado Inmediato 8). Derivado de lo anterior, se concluye que México ha teniendo un avance sustancial desde 2008 a la fecha, con resultados significativo, además de una regulación cada vez más estricta. Finalmente México ha tenido un gran avance en prevención, detección y mitigación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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