Autora: Frida Lucia Fernández Benítez, Licenciada en Relaciones Internacionales, Analista de Prevención de Lavado de Dinero de TMSourcing.
Como una economía integrada la Unión Europea (UE) es el mercado único de 28 países, (hasta entonces que la salida de Reino Unido sea formalizada), en términos generales, la doctrina liberalista del grupo económico se centra en utilizar sus recursos financieros de la manera más eficiente, en un espacio donde se diluyen cada vez más las fronteras interiores y donde la libre circulación de mercancías, servicios y capitales interconectan sistemas económicos diversos y complejos.
Por lo que respecta a la importancia del bloque en la economía internacional, su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 15.6% de las importaciones y exportaciones mundiales junto con Estados Unidos y China, según datos oficiales de la propia UE, siendo, además, uno de los tres mayores actores del comercio mundial.
Presentándose como una de las economías con mayor apertura al exterior, es el ejemplo viviente de integración económica y política más avanzada en todas las estructuras que la conforman, caracterizada por innovar los estándares internacionales con medidas regulatorias que blindan al sistema financiero europeo, de entre las cuales podemos mencionar el combate al blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, resultando como un tema prioritario para el tema de Seguridad Nacional, señalando en lo particular las consecuencias políticas y sociales que el terrorismo generalizado ha puesto de manifiesto en los atentados hechos a países miembros de la UE.
Esto es: cuando dichas actividades, se transmiten a un sentido social más amplio como lo es el caso del financiamiento al terrorismo, contribuyendo a perpetuar los ataques que han traído consigo temas de discusión en diversos, foros y Organizaciones Internacionales. En este sentido, las políticas que ha adoptado el Consejo Europeo desde 2015 con el llamado Fourth Anti-Money Laundering Directive (Cuarta Directiva sobre Lavado de Dinero), ha confirmado ya, la necesidad de impedir que su sistema financiero sea utilizado para la financiación de actividades que pongan en riesgo la estabilidad política y económica de la propia Unión y de sus principales organismos bancarios, centrándose en el reforzamiento de las normas de transparencia para impedir la ocultación de fondos a gran escala, blindar los métodos para la identificación de las sociedades que participan comercialmente en las transacciones financieras y garantizando la transparencia de las mismas.
En cuanto a los Organismos Internacionales con los que colabora para la mejora de la normativa financiera internacional, se destaca su participación conjunta dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en donde participan como miembros 15 Estados de la UE y la propia Comisión Europea. Esto evidencia el interés de sumar esfuerzos dentro de los Organismos más especializados, aplicando dentro de su legislación las recomendaciones emitidas por GAFI , mejorando así las normas en temas como el origen de los recursos de los fondos fiduciarios, la identificación de los beneficiarios finales, la identificación de las deficiencias normativas en el ámbito financiero internacional que las áreas más vulnerables en donde se puedan llevar a cabo delitos derivados de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo o sus subsecuentes.
¿Por qué es importante la revisión y reforzamiento de la legislación en la materia?
En un mundo donde la lógica comercial que rige las relaciones entre países, es la de la globalización, la UE enfrenta nuevos riesgos derivados de la innovación tecnológica, el uso de medios de pago con nuevos instrumentos virtuales y el incremento de grupos terroristas financiados de frontera a frontera.
La UE contra la financiación al terrorismo y el blanqueo de capitales
De los esfuerzo realizados para combatir dichas actividades ilícitas, en un resumen publicado en el sitio oficial del Consejo de la Unión Europea, se señalan los puntos ejes del Plan de Acción antes mencionado, que consisten en:
Reforzar las competencias de las unidades de información financiera de la UE y facilitar su cooperación.
Afrontar los riesgos de financiación del terrorismo relacionados con las monedas virtuales.
Afrontar los riesgos vinculados a los instrumentos de pre pago anónimos (por ejemplo, tarjetas de pago).
Reforzar los controles en terceros países de alto riesgo.
El refuerzo de los controles («debida diligencia») y el rastreo de las operaciones financieras, así como una cooperación más estrecha y el intercambio de información policial, contribuirían a cortar la financiación de estas actividades, detectar redes terroristas y apoyar las investigaciones.
El Consejo aborda la forma de reforzar la lucha de la UE contra el terrorismo y adopta unas Conclusiones en las que destaca la importancia de modernizar el marco jurídico vigente para combatir las amenazas terroristas. En las Conclusiones se pide a la Comisión Europea que presente propuestas para aumentar las competencias de las unidades de información financiera y la cooperación entre estas, así como para reforzar los controles sobre determinadas formas de pago, entre ellas, los mecanismos anónimos y las monedas virtuales.
Toda vez que la inclusión de las tecnologías en los medios de pago y transacciones realizadas dentro de las redes financieras han aportado de cierta manera una mayor inclusión de las economías emergentes a la economía internacional, así como las grandes instituciones bancarias, existe un riesgo latente como el caso del uso de las monedas virtuales, pueden ser más susceptibles de ser utilizadas por redes de organizaciones terroristas evitando los medios financieros tradicionales y de está manera efectuar de manera anónima las transacciones y de difícil rastreo.
En conclusión, la comisión del crimen de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es un problema de escala global que se encuentra presente en todas las relaciones económicas financieras, en un sistema financiero complejo, como lo es el de la UE, ello representa un reto y una obligación social y política de encontrar las rutas que permitan, tener acceso a la identificación de los recursos, uso de instrumentos monetarios y procesos legislativos particulares que estén expuestos a dichos delitos, que tarde o temprano, los países con economías abiertas deberán adoptar si se quiere tener una mayor efectividad en la información que comparten sus Unidades de Inteligencia Financieras, además de las políticas financieras regulatorias en el tema, que permiten tener un control más unificado y real de las áreas vulnerables y consecuencias internacionales del tema.
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