Autores: Marco Polo/ Yessica Trujillo Mendieta.
Según el Informe presentado en 2018 por el Organismo Intergubernamental contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), señaló que la importancia de la lucha antilavado en Latinoamérica no es tarea de sólo unos cuantos , pues los esfuerzos para su prevención deben contener la participación de todos los actores financieros gubernamentales e internacionales, con la única finalidad de fijar estándares, medidas legales y regulatorias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que atenta con la integridad de los sistemas financieros domésticos y globales.
Según información suministrada en la Evaluación Nacional de Riesgos de las autoridades y en otras fuentes públicas, los principales delitos determinantes que generan fondos ilegales y representan un alto nivel de amenaza para México parecen ser el tráfico de drogas (incluido en el contexto de los grupos de delincuencia organizada), la corrupción y la evasión fiscal. Otras fuentes significativas de fondos lavados incluyen secuestros, extorsión, violaciones a la propiedad intelectual y tráfico de personas.
Derivado de lo anterior, entre las recomendaciones hechas a México por la Organización se encuentra, en primer lugar, la importancia de tener una metodología para realizar una investigación previa de la procedencia del flujo de recursos financieros, asignando mayor presupuesto económico adicional que coadyuve en fortalecer la coordinación interna dentro de las unidades fiscales, a nivel federal y estatal, a fin de prevenir delitos derivados de acciones ilícitas. Por ello las autoridades financieras mexicanas han redoblado sus esfuerzos para mejorar la calidad de los reportes de operaciones inusuales y brindar un mayor respaldo a la Unidad de Inteligencia Financiera sustentando de mejor manera las investigaciones del blanqueo de capitales.
Así mismo, agregó que se debe integrar al decomiso como un objetivo de política pública de la lucha antilavado, en donde México obtuvo una calificación satisfactoria, sin embargo, los esfuerzos se han concentrado en fortalecer disposiciones legislativas que dispongan de la capacidad de decomisar activos de igual valor o valor correspondiente, así como identificar, rastrear y evaluar los bienes sujetos a decomiso.
Al mismo tiempo, según GAFI, la Procuraduría General de la República tiene el reto de elevar los niveles de especialización de sus unidades, en especial donde se investiga el lavado de dinero y la corrupción.
Lo anterior, en el sentido de comprender ampliamente los riesgos que implican la actividad del lavado de dinero generado entre muchas variables, por la corrupción, en especial en las instituciones financieras y las actividades vulnerables, por ello, México se ha propuesto profundizar en la problemática de la corrupción y el combate de esta, como una amenaza dentro de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos.
Una de las grandes preocupaciones de GAFI hacia México es la identificación de los beneficiarios finales., pues se recomienda solicitar a las entidades que determinen si el beneficiario final de una operación es una persona políticamente expuesta y así apliquen controles conforme a la norma, en este tema se ha propuesto fortalecer las medidas de prevención por medio de la extensión de requisitos para identificar de mejor manera a un beneficiario final.
Si bien es cierto, que todavía hay un largo camino que recorrer en cuanto al tema de la corrupción en el sector financiero, México ha adoptado la recomendación de GAFI en donde insta a las autoridades a entablar conversaciones con todos los intermediarios financieros y de actividades vulnerables (en particular con notarios, abogados y contadores) para aclarar expectativas de supervisión en el ámbito.
“(Se debe) garantizar que la información adecuada, precisa y actualizada del beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas mexicanas esté a disposición de las autoridades competentes de manera oportuna, requiriendo que dicha información se obtenga a nivel federal”, recomendó GAFI; asimismo, las autoridades mexicanas han entendido la importancia de colaborar con todas las instituciones competentes en el tema de prevención de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, pues GAFI apuntó en este caso que para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es vital dotar a la institución de recursos con la finalidad de que ejerza una supervisión adecuada en virtud de perfil de riesgo de sus supervisados.
Asimismo, comentó que se debe garantizar que las actividades vulnerables estén sujetas a una supervisión respecto de la prevención de financiamiento al terrorismo, ya sea por parte del SAT o cualquier otra institución competente.
Al tocar el tema de las sanciones, GAFI apuntó que, es necesario realizar una revisión de las penas disponibles a los supervisores para establecer si éstos pueden aplicar penas en forma realista
“Para que sean efectivas, proporcionadas y disuasivas, especialmente en relación con instituciones financieras más grandes”.
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